Libres en Movimiento
31. Juli 2021
En vista que el discurso masista de golpe no cuela y no colará, han decidido cambiar el discurso y la historia, intentar sostener por todos los medios que el fraude no existió, aunque nosotros lo vimos, lo comprobamos y los propios implicados lo reconocieron. Por eso anularon las elecciones en 2019.
Lo anticipó el propio Evo Morales días antes que sea de conocimiento público con varios comunicados a medios afines al caudillo y en su Twitter personal. Evo ya tenía en sus manos el informe contratado de manera privada y hecho a la medida de la fiscalía y el MAS por la empresa BISITE.
La pregunta es ¿quién filtró el documento a Evo Morales? ¿el fiscal Lanchipa o alguno de los españoles contratados de manera privada para hacer el informe? Esto nos demuestra que el encargo para elaborar un informe pagado y parcializado fue dirigido por la oligarquía masista, pero con la intermediación de Lanchipa.
Como sea que fuese, el prestigioso profesor Juan Manuel CORCHADO y sus estudiantes analizaron solo una parte del sistema informático, no especifican si fueron a Bolivia y en el propio informe de CORCHADO se confirma que toda la información la recibieron de la fiscalía masista. En cualquier caso, en el resultado final del informe de CORCHADO solo se contempla el análisis de una parte del sistema informático y certifica que ese sistema en las elecciones del 2019 contenía accesos secretos ilegales, vulnerabilidades y usuarios con poder irrestricto para cambiar resultados del conteo en las elecciones, pero que, para nuestra buena suerte según CORCHADO y los estudiantes, nadie los usó para hacer fraude.
Cabe recalcar que el profesor CORCHADO no tiene experiencia alguna en auditoría de elecciones ni estudios de integridad electoral, además, considerando que como recibieron la información de la fiscalía boliviana, la parte forense y metodología forense del estudio es raquítica y mediocre, dando paso a la manipulación.
El informe español no investigó ni contempló la revisión de actas físicas falsificadas, firmas de notarios, votos cambiados en actas, cadena de custodia del material electoral, voto forzoso en el campo, ni los servidores ocultos en Amazon, entre otras cosas. Todo esto sí fue investigado en una completa auditoría vinculante de la OEA in situ que, por cierto, lo vinculante fue firmado por el Estado boliviano.
¿Lanchipa ahora reemplaza el acuerdo vinculante entre la OEA y Bolivia? Para Lanchipa una licitación casi secreta con BISITE por 30.000 dólares pesa más que una auditoría completa física respaldada por la OEA y la Unión Europea.
Por su parte, en la rueda de prensa del miércoles pasado, Lanchipa mostraba prepotencia y al mismo tiempo incapacidad para seguir las líneas que leía, muy parecido a Evo cuando lee cartas frente un micrófono: ni él ni nadie le entiende.
CORCHADO admitió que no fue un contrato institucional, sino privado: “A mí me ha contratado de manera privada la Fiscalía boliviana y no puedo hablar del caso. Te agradezco la llamada, pero no puedo decir nada”, dijo al portal Urgente.bo. Además, se trata de una licitación pagada por el Estado boliviano a una cuenta personal del señor CORCHADO, no a una cuenta bancaria suscrita a nombre de la Universidad de Salamanca. También se sabe que el contrato se hizo con la organización privada AIR Institute - Deep Tech Lab, que forma parte del centro de estudios de la Universidad de Valladolid.
Lo que queda clarísimo es la intencionalidad de toda esta tramoya gestada desde el palacio de Morales. En vista que el discurso masista de golpe no cuela y no colará, han decidido cambiar el discurso y la historia, intentar sostener por todos los medios que el fraude no existió, aunque nosotros lo vimos, lo comprobamos y los propios implicados lo reconocieron. Por eso anularon las elecciones en 2019.