Nuevo Informe lapidario de la OEA

“Habiendo analizado el documento, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA se ve en la obligación de señalar los errores y las omisiones más evidentes del mismo, así como de reiterar los hallazgos del Análisis de Integridad Electoral realizado por la Organización en 2019, y concluye que no es, ni será posible, garantizar la integridad de los datos y dar certeza sobre los resultados de esa elección”.

Con esta introducción la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA ha emitido un nuevo informe sobre las conclusiones del estudio encargado por la fiscalía general del Estado boliviano, que fue la fuente probatoria para archivar el caso del fraude electoral de octubre de 2019.

El informe de la OEA es lapidario cuando establece que “el estudio pericial, pagado por la fiscalía, se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base en información desconocida y proporcionada por el ente estatal, y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019”.

Es evidente que existe una gran distancia entre la labor realizada por los técnicos de la OEA y los académicos pagados por el aparato estatal del gobierno azul. Los primeros hicieron un trabajo de campo y tienen sobrada experiencia en analizar procesos de calidad e integridad democrática en diversos países de la región y el mundo –como ellos mismos reconocen en el informe–, además de contar con toda la información necesaria e imparcial provista en el momento de los acontecimientos. En cambio, los académicos españoles responden a su contratista, tienen información limitada y parcializada y se deben, como todo buen proveedor de servicios, a las exigencias de quien solicita un trabajo en fondo y forma. Más vale que la tarea encomendada se ajuste a las directrices del cliente.

Por otra parte, el informe de los académicos españoles cae en contradicción, tal como lo establece el último informe de la OEA: “el propio informe pericial encargado por la fiscalía da cuenta de las extremas vulnerabilidades del sistema y de las manipulaciones que tuvieron lugar, señalando que se podía añadir, modificar o eliminar datos sin dejar evidencias. A través de distintas afirmaciones a lo largo del documento, los académicos contradicen su propia conclusión sobre la integridad de los resultados”.

Asimismo, el informe detalla todas las irregularidades cometidas durante el proceso electoral de octubre de 2019 y que fueron omitidas o no estudiadas y, por lo tanto, no reflejadas en las conclusiones del estudio de Corchado y sus estudiantes, algunas de las cuales son:

1. Paralización dolosa del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)
2. Llenado doloso e irregular de actas de escrutinio
3. Quema de materiales electorales
4. Ingresos inexplicables y no autorizados al sistema
5. Se accedió durante el proceso de Cómputo Oficial directamente a modificar datos de la Base de Datos
6. No hubo una preservación adecuada de la evidencia sobre la elección
7. La deficiente cadena de custodia no garantizó que el material electoral no haya sido manipulado y/o reemplazado.
8. Se constataron actas del voto en el exterior originales (sin llenar) en las instalaciones del TSE.

“Ninguna de estas irregularidades es aceptable, ninguna de las acciones e intenciones humanas detrás de estas irregularidades es aceptable. Ninguna democracia aceptaría un proceso electoral como este. En conclusión, nunca se va a poder tener confianza en esta elección, por la manipulación, la cantidad de irregularidades, y por la destrucción de evidencia informática y material”, concluye el informe de la OEA.

Otro punto importante para destacar es la categoría del informe de la OEA de noviembre de 2019 y su carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio: “Como lo señala el numeral 6 del Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y el Estado Plurinacional de Bolivia Relativo al Análisis de Integridad Electoral de las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019, el resultado del informe es vinculante para las dos partes”.

Por tanto, no cabe dentro del análisis y en lo que respecta a la capacidad probatoria de las partes otro referente más importante y de mayor relevancia en términos jurídicos que el informe de la OEA de 2019, posterior a las elecciones de octubre de ese mismo año. Cualquier intento por deslegitimar el mismo está dirigido a suplantar las instituciones y la democracia en Bolivia y tiene una intención netamente política en favor de los que hoy gobiernan el país, que son los mismos que salieron huyendo en noviembre de 2019.

Y como dijo hace algún tiempo el caudillo cocalero: "el que escapa del país es un delincuente confeso".

Puedes consultar el informe completo aquí: https://bit.ly/2U24jRo